MINERÍA: LA CORRUPCIÓN DISFRAZADA

Escribe: Milciades Ruiz

El gobierno viene dando manizuela a unos audios de soborno con el fin de desprestigiar la lucha del Valle de Tambo contra la transnacional minera Southern mirando la paja en el ojo ajeno y no las vigas en ojos propios. El soborno empresarial tiene formas visibles e invisibles, directas e indirectas. En el Perú, el soborno a las autoridades forma parte del costo de las inversiones. Algunas empresas pagan conferencias de ex presidentes para cubrir desbalance patrimonial, otros financian campañas electorales pero también aparecen como ayudas y convenios para el desarrollo a fin de comprar alcaldes, gobernadores, ministros y otros.

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Hay pues, muchas formas oficiales de comprar conciencias y poderes. No es casualidad que ministros  de economía al dejar el cargo pasen a ocupar altos cargos en el Banco Mundial, BID y Fondo Monetario Internacional.  Otros se conforman con colocar su parentela en las empresas sobornadoras. Pero si alguien recibe de empresas interesadas un obsequio, un favor, dinero, beneficio o “apoyo”, en realidad está aceptando un soborno encubierto que lo compromete. Los comprometidos están obligados a defender al sobornador.

Cuando el presidente Ramón Castilla recibió como obsequio de cumpleaños un cañoncito de oro en miniatura finamente labrado, dijo que había que tener cuidado con el regalo porque estaba cargado y podría ser peligroso. En efecto, a los pocos días el presidente anunció que el cañoncito había disparado aunque el tiro fue muy bajo: Un puesto en aduanas. Esta “historia del cañoncito” sirvió de moraleja por mucho tiempo pero ahora, se ha pasado del “perro del hortelano” a la santificación de la inversión extranjera.

En el caso Tía María, para tratar de imponer el proyecto minero de la Southern en el Valle de Tambo, el gobierno designó un equipo de ministros encabezado por el ministro de agricultura como interlocutores del Estado en el diálogo con los dirigentes de los agricultores. Por su parte el presidente salió a decir que su gobierno no defendía a las empresas. Sin embargo, en los hechos es todo lo contrario pues está parcializado con una de las partes, la extranjera. No podríamos insinuar que ha recibido algún regalo de la empresa pero si señalar lo siguiente:

El ministro de agricultura se ha mostrado agresivo contra el movimiento agrario a pesar de ser gente de su sector y debería defender al agro.  El asunto es que su actuación está condicionada por conflicto de intereses pues su portafolio tiene un convenio con la Southern en la que esta, destina S/. 255 millones para la implementación del programa gubernamental “Agrominas” con intermediación de la ONG “Invertir” una entidad incondicional que parasita dicha empresa. Esto se hace para que la empresa no figure abiertamente. (Ver http://www.agrominas.pe/)

También tiene otro convenio entre Antamina, la municipalidad Distrital de Cajacay y la Comunidad Campesina de Cajacay: Proyecto “Construcción del Sistema de Riego Cushurococha-Huarco curan- Cajacay“(S/. 33.8 millones).

Así mismo, convenio de colaboración interinstitucional entre Agroideas (Ministerio agricult), Gobierno Regional de Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Con la minera Buenaventura, el Proyecto Energía Desarrollo y Vida. También el “Programa de capacitación de la Universidad ESAN en Arequipa, financiado por la transnacional. Se han entregado 10 maquinarias priorizadas por las distintas Municipalidades y por un monto de S/ 5.8 millones.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el SENASA y la compañía minera Xstrata Tintaya S.A.: “Plan Sanitario Integrado de prevención y control de enfermedades en población animal de los ámbitos de influencia de Minera Xstrata Tintaya, Provincia de Espinar, Región Cusco” (S/. 635,024)

Saber dónde está la “madre del cordero” nos ayuda a encontrar verdades. Como lo dijo en su oportunidad el Viceministro de Políticas Agrarias (2013) Luis Zavaleta Remy, sobre Agrominas, “este convenio se enmarca dentro de la estrategia que se viene desarrollando para reducir las disputas entre agricultores y mineros”.  Pero se hace esto con plata de la Southern. Y ello no excluye que también, la estrategia de inversión extranjera contemple la entrega de dinero por lo bajo a influyentes que resultan claves para sus intereses.

Estos dineros que se reciben como convenios u otras pantallas, condicionan también a los alcaldes y gobiernos regionales que están comprometidos o enganchados y no quieren perder las prebendas. Entonces se ven obligados a ceder soberanías y a ponerse a disposición de las empresas corruptoras y a justificar a los depredadores con argumentos falaces. Esto explica la presencia de alcaldes ajenos a la lucha del valle Tambo en el bloque del gobierno y a favor de la empresa minera.

En Tacna, la Southern tiene influencia en el distrito de Ibalaya donde está la mina Toquepala contando con una licencia hídrica para explotar casi dos mil litros de agua por segundo de la provincia de Candarave. Esto es posible porque tiene condicionadas a las autoridades respectivas.

Hace unos meses, Daniel Córdova, presidente de la ONG “Invertir” reveló que trabajaría como asesor técnico en la administración de los 90 millones de dólares que la minera Southern aportará al Gobierno Regional de Tacna. Entonces, no podemos esperar que esta entidad tenga independencia para decidir su apoyo a los agricultores. Los agricultores no tienen la barita mágica que crea defensores por dinero ni el poder económico para comprar consciencias.

En el conflicto por el proyecto Tía María nos hemos preguntado ¿Por qué la Junta Nacional de Usuarios de riego que agrupa a todos los valles guardaba silencio cómplice? El problema es que la Southern financia entre otros, el  proyecto de fortalecimiento de para la Junta de Usuarios regantes por un monto de S/. 2 millones, que incluye compra de activos. Podríamos decir entonces que la escalada corruptora de la Southern tiene amplia penetración en diversos niveles de gobierno estatal e instituciones. Pero en el caso del conflicto por el proyecto Tía María, el Ministro de Agricultura, al tener su cartera relaciones comprometedoras con la Southern, quedaría descalificado para las tratativas. Quizá si los periodistas se toman el trabajo de investigar podrían encontrar otros compromisos económicos pactados en este ministerio y otros organismos del gobierno.

Habría que detectar también los funcionarios que le deben favores a dicha empresa, pero lo más probable es que nunca se hará con la Southern lo que se viene haciendo con los casos Orellana y Martín Belaunde porque los las empresas mediáticas tampoco lo permitirán. La justicia no es igual para todos. Pero quizá baste lo señalado para ver la catadura moral del gobierno que explican la conducta política del mismo y el carácter de nuestra “democracia”. La corrupción es producto del sistema en las actuales  condiciones.

Solo así se explican las actitudes políticas de muchos influyentes que por parasitar a las mineras, directa o indirectamente, se ponen del lado de estas. Viven de la carroña que les arrojan las transnacionales y por consiguiente, no pueden ser solidarios ni con la lucha de los campesinos ni con la patria. Ahora se comprende mejor la actuación de la gobernadora de Arequipa que no está del lado de su gente sino en el otro lado creyendo quizá que es mejor para el desarrollo de su región, ya que nada puede recibir de los agricultores pero si mucho de la transnacional.

Entonces, si las diversas instancias de gobierno reciben dinero que otorga la Southern bajo diversas modalidades aparentemente lícitas, lo que resulta de ello es una explicable lógica de parcialización con esa empresa y no hay capacidad moral para contradecirla. Si el gobierno ya está comprometido también puede ser chantajeado temiendo que por otros tratados internacionales apliquen sanciones de indemnizaciones por supuestos beneficios truncos debido a la falta de protección de sus inversiones.

Para la empresa sin embargo, la crisis del valle de Tambo se resuelve con dinero cuando las balas no son suficientes. Entonces ya ha destinado grandes sumas de ablandamiento para quebrantar la voluntad de lucha de los agricultores. Ofrece reparar las pérdidas que hayan sufrido los campesinos a causa el conflicto, crear un fondo en previsión de riesgos contaminantes, ayudar a construir represas de agua para el valle y otras ofertas irresistibles.

Estas dádivas han dado resultado en otros lugares donde las empresas han logrado corromper dirigentes y anular las luchas iniciales. Ojalá los agricultores tambeños no se dejen comprar con estas tentadoras ofertas y conserven la honestidad de la lucha por la que han muerto algunos de ellos. En esta perspectiva, la lucha de los agricultores del Valle de Tambo es también contra la corrupción disfrazada, contra la inmoralidad de las autoridades y contra el soborno social en propias filas.

Vivimos en una etapa histórica en que la corrupción es la peor enemiga de la humanidad. De nosotros depende evitar que triunfe.

Mayo 2015

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