MALAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO

Escribe: Milcíades Ruiz

Desde que el virreinato se independizó con el nombre de República del Perú, han sido los depredadores capitalistas extranjeros los que se han acercado a los gobernantes para ofrecerles el dinero que el país necesitaba para resolver sus álgidos problemas de liquidez. Esto, a cambio de que le entreguemos en concesión por treinta años o más, la explotación de algún reglón del patrimonio nacional. La historia registra el saqueo del país mediante esta modalidad y la generación de grandes fortunas de los concesionarios.

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Así sucedió con el salitre, con el guano y otras concesiones que ya conocemos. De esa forma se entregó el uso por 66 años de todas las propiedades ferroviarias del Gobierno peruano, la de Matarani a Puno y Cusco así como el Ferrocarril Central a Huancayo, la asignación del guano existente adyacentes, por la cantidad de 2.000.000 de toneladas; algunos otros créditos en depósitos de guano, en la Isla de Lobos y otros islas y 33 pagos anuales por parte del Gobierno peruano, cada uno de 80,000 libras esterlinas ($ 400,000).

El grupo Gildemeister obtuvo del gobierno de Benavides la concesión del Puerto Chicama (Malabrigo) por donde ingresaba ingente cantidad de mercadería extranjera y se exportaba libremente la producción de los “Barones del Azúcar” a título oneroso. Con esta misma modalidad se otorgaban concesiones mineras como hasta ahora autorizando la extracción de nuestra riqueza mineral a nuestros depredadores.

La concesión forestal otorga al concesionario el derecho exclusivo para el aprovechamiento sostenible del bosque amazónico. La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a extraerse.

Actualmente, existe la modalidad de concesión a título oneroso, otorgada al amparo del Decreto Supremo N° 059-96-PCM, en la que se impone al concesionario una contribución determinada en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado, no se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas.

Ahora también los gobiernos regionales y gobiernos municipales pueden otorgar concesiones para la ejecución y/o explotación de las obras de servicios públicos para suplir la falta de financiamiento y de presupuesto. Pero esta modalidad de concesiones a través de la historia se ha ido envileciendo mediante la corruptela de modo que las autoridades reciben un porcentaje del presupuesto de cada obra en concesión y así, cuanto más costosa sea la obra mayor es el monto del porcentaje que recibe el corrupto. Incluso después de darse la buena pro de la obra el presupuesto puede triplicarse por reajustes justificados artificialmente.

En el caso de los peajes, el alcalde procede alevosamente contra el pueblo que lo eligió pues sin que la gente lo sepa, otorga concesiones por treinta años a la construcción de tramos carreteros pero no con cargo al presupuesto municipal sino con cargo a los pobladores que ignoran los arreglos y son obligados a sacar dinero de su bolsillo para enriquecer al depredador y a la autoridad corrupta. El alcalde entonces se promociona políticamente como un gran impulsor de obras públicas y la estafa se convierte en algo ordinario y legal.

Pero todo tiene un límite de soporte hasta que el pueblo explota y entonces sucede lo que venimos observando en el caso Puente Piedra pues tiene su origen en la concesión por treinta años de peajes otorgado por el municipio de Lima a Odebrecht a cargo del proyecto Rutas de Lima tanto en la Panamericana Norte y Sur como también, en la vía Ramiro Prialé. Por su puesto, los alcaldes comprometidos con esta modalidad procurarán que el sistema se mantenga porque en eso radica su rentabilidad política y económica.

Así en este caso, esta modalidad ha permitido al concesionario vial incrementar los peajes en 66% en 3 años sin mejora equivalente en el servicio. Ya Odebrecht vendió 57% de su participación en Rutas de Lima a Brookfield por 500 millones de dólares con lo cual ha recuperado la inversión más una importante rentabilidad y sigue cobrando dividendos.

Pero el problema no es solo de los pobladores de Puente Piedra que tienen que pagar doble peaje por el solo hecho de residir en áreas adyacentes sino de toda la población que circula por esas pistas y que ve afectado su derecho de libre circulación. Pero precisamente los contribuyentes ya han pagado sus impuestos para que con ello se hagan las pistas y otras obras. Entonces es un abuso de gobierno volver a cobrarles mediante peajes una y otra vez como pagar varias veces la misma factura.

Por eso también, cargarle a toda la población el financiamiento del gaseoducto del sur incrementando el pago por consumo de electricidad es una decisión de gobierno muy abusiva contra la población que ni siquiera ha sido consultada. Como quiera que la población no se organiza para defenderse ahora se ha dispuesto cobrar el servicio de serenazgo también a través del recibo de luz. Con esta modalidad tendrán que pagar hasta los que no reciban el servicio y así se va empobreciendo a la población más necesitada para favorecer a nuestros depredadores.

Pero esto no es todo y resuelto el problema de Puente Piedra el sistema continuará en todos los campos de la actividad nacional al amparo de la legislación vigente que permite decisiones antidemocrátricas y lesivas a la población mayoritaria. Pero tan dañina como el abuso de poder resulta también la pasividad social que lo permite. Ante la impotencia por falta de canales democráticos el pueblo termina aceptando los abusos.

Ante todo lo señalado, ¿cuál es nuestra responsabilidad personal y de la izquierda peruana? Si no se dice nada al respecto es como si estuviera de acuerdo, porque el que calla, otorga. Pero se supone que la izquierda defiende los intereses del pueblo y si no cumple con esta responsabilidad podría interpretarse como cómplice del abuso de poder. No conocemos del pronunciamiento de las organizaciones políticas de izquierda frente a esta problemática y esa indiferencia resulta dañina para las aspiraciones en perspectiva.

Por ello resulta estratégico aprovechar toda circunstancia de abuso de poder para salir públicamente en defensa del pueblo peruano y hacer ver la diferencia con lo que hace la derecha. Perdemos una serie de oportunidades para explotarlas políticamente con lo cual la negligencia y poca perspicacia conspira contra el fortalecimiento de las fuerzas populares. No debemos dejar pasar las oportunidades que nos favorecen. Por lo menos hagamos bulla para que el pueblo vea que existimos. No defraudemos la esperanza cifrada en nosotros.

Los abusos y las ineficiencias de gobierno están a la orden del día y si por lo menos emitimos un pronunciamiento, ello contribuirá a tener una mejor imagen de nuestra alternativa política. Mejor si podemos elevar un proyecto de ley que proteja al pueblo de las concesiones onerosas y dañinas a la economía popular. Hay muchos medios para llegar a los oídos de nuestro pueblo. Lo peor es quedarnos callados porque eso favorece a nuestros adversarios. Este es solo un punto de vista. No pretendo ser inmaculado ni mirar por encima a los demás.

Enero 2017

 

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